En 2006, el dopaje no era delito en España. Ni era delito para los doctores ni lo era para los deportistas. A partir precisamente de la Operación Puerto, Lissavetzki, a la sazón Secretario de Estado para el Deporte se apresuró a presentar una nueva ley que complaciera al COI -recuerden, Madrid 2016, por entonces- y que sí contemplara la persecución penal para aquellos que se doparan en una competición, así como a quienes facilitaran ese dopaje con conocimiento.
Esta es la razón que se esgrime habitualmente para justificar que no se investigue quiénes eran los clientes de Eufemiano Fuentes y el doctor Merino Batres, ex jefe de hematología del Hospital Princesa de Madrid ni más ni menos, y ha sido el motivo por el cual el juez Serrano se ha negado durante siete años a dar ningún dato de las bolsas de sangre ni de los ordenadores de Fuentes a las autoridades deportivas que lo han solicitado.
La juez Santamaría ha seguido por el mismo camino esta mañana al volver a negarse a analizar las bolsas guardadas -se supone que la mitad de las incautadas en un primer momento- y prohibir el acceso a los ordenadores de Fuentes con posibles datos de su actividad dopante. Atenta contra la privacidad del médico, dice la juez. Hay una cosa que no entiendo: si lo que se juzga es un delito contra la salud pública, es decir, no ya el hecho de que se suministraran sustancias dopantes, pues eso, insisto, no era delito, sino la manera de administrarlas, ¿cómo es posible que se considere irrelevante a quién se administraban esas sustancias?
Intento explicarme: los deportistas en cuestión nunca podrían ser imputados, de acuerdo, pero, ¿qué mejor testigo se puede tener de un delito contra la salud pública que aquellos que supuestamente sufrieron ese delito?, ¿cómo es posible que las partes no tengan acceso a esa información y puedan llamar a testificar a uno o a otro para saber si efectivamente el tratamiento médico que recibieron se ajustaba a la legalidad o no? Desde mi punto de vista es inexplicable, es el juicio a la nada. Esta decisión choca con la de incluir la confesión de Tyler Hamilton en el sumario. Esa confesión es relevante porque, según Tyler, después de una transfusión hecha por el equipo de Fuentes estuvo meando sangre durante toda una noche, una hemorragia brutal que le dejó febril y K.O. Lo mismo le pasó a Manzano en su momento pero le llamaron loco.
Hamilton dice en su libro que este tipo de reacciones eran frecuentes y desde luego apoyarían la causa de un delito contra la salud pública, pero, ¿cuántos Hamilton hay? No lo sabemos y la juez no quiere averiguarlo. Extraño.
Algunos comparan el caso con el de un traficante que es juzgado independientemente de la identidad de sus clientes. Es curioso porque aquí estamos ante la hipótesis contraria. Fuentes y Merino eran doctores, en el caso de Merino, ya hemos dicho, un reputado hematólogo. No es delito que traten a pacientes con licuadores de sangre ni con transfusiones ni con EPO ni que tengan en su poder corticoides, hormona del crecimiento, etc. Eso, en sí, no es delito... salvo que se utilice mal en seres humanos concretos. No son camellos que pasan cocaína en una esquina o la transportan en el intestino, son doctores colegiados con acceso legal a esas sustancias y capacidad legal para usarlas... salvo que dañen la salud de sus pacientes.
¿Cómo saber de verdad si han cometido un delito sin contar con la identidad y el testimonio de esos pacientes? Lo siento pero a mí no me cuadra por ningún lado. He vivido desde pequeñito pegado a un televisor viendo deporte. Ha sido una parte importantísima de mi vida. Todo esto me duele mucho, en serio. Me duele en cuanto aficionado, porque no sé si estoy animando a tramposos o a héroes y me gustaría saberlo y me duele en cuanto español porque constato que el interés por descubrir a esos tramposos es cero. Siete años casi desde la redada en Alonso Cano y Caídos de la División Azul y seguimos tapando todo lo que se pueda. Esa es la marca España. Confíen en nosotros, amigos.
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